La perversidad del desarrollo industrial: en México, el agua se paga con la vida; en los últimos dos años de Peña Nieto fueron 18 los defensores asesinados

La perversidad del desarrollo industrial: en México, el agua se paga con la vida; en los últimos dos años de Peña Nieto fueron 18 los defensores asesinados

22 enero, 2020 0 Por J. Jesús Lemus

En muchas regiones del país la disputa del agua ha pasado del conflicto a la guerra. De alguna forma muchas de las empresas han tenido que hacer valer su poder y sus intereses mediante acciones violentas contra los pobladores que se niegan a ceder este bien. El resultado es la persecución, la intimidación y hasta el asesinato de los principales líderes de los movimientos sociales que solo intentan conservar uno de los principales activos para la subsistencia de sus comunidades.

El asesinato por el agua ya no es una ficción en nuestro país. Los ataques de los que se valen muchas empresas, mediante el uso de los grupos del crimen organizado, para disuadir los movimientos de defensa del agua, se han generalizado en todo el territorio mexicano; no existe una sola región del país que en el marco de esta disputa no registre asesinatos o desapariciones de activistas.

Solo el gobierno federal es el que no reconoce la existencia de ataques por parte de las empresas y crimen organizado hacia las comunidades que defienden el agua. La totalidad de las voces que insisten en la denuncia de este problema provienen siempre de la sociedad civil, y como tal se quedan solo en el imaginario colectivo. El Estado mexicano no ofrece respuestas; para él, en el tema de la expansión de los capitales, todo es armonía y desarrollo.

Una de las voces de mayor autoridad que han insistido en señalar la existencia de agresiones contra líderes comunitarios, en el contexto de la defensa del medio ambiente –que incluye la disputa por el agua-, es el Centro Mexicano de Derechos Ambiental (CEMDA), el que refiere que muchas veces estos ataques se originan en el contexto de la implementación de proyectos de infraestructura y desarrollo a gran escala.[1]

Eso es lo que ha hecho posible que solo durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto 122 personas defensoras del medio ambiente hayan sido asesinadas, de las que 18 de ellas fueron ejecutadas solo en los últimos dos años de esa administración, sin que a la fecha existan detenidos, pese a que ha quedado demostrada la participación de agentes del Estado, del crimen organizado y/o de las empresas interesadas en la comisión de esos delitos.

Ríos de Sangre

Las agresiones contra las personas defensoras del medio ambiente las reconocen el CEMDA como producto de un ataque sistemático de parte de las empresas y de aquellos interesados en que se lleven a cabo los proyectos que implican el arrebato del suelo y/o el agua a las comunidades naturales. Son ataques que se ejecutan con la intención de “reducir el impacto de las acciones de defensa, debilitar el tejido social y desintegrar los movimientos sociales y comunitarios que se originan para defender el territorio en contra de megaproyectos”.

Uno de esos movimientos sociales que desde hace más de 15 años no ha dejado de ser blanco de ataques de intereses oscuros, lanzados desde el anonimato con la única intención de menguar la resistencia de defensa de los recursos, es el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) en el estado de Oaxaca, el que cuantifica al menos el asesinato de 16 de sus integrantes y la desaparición de otras dos personas.

En la persecución que ha sufrido el MULT todos los ejecutados y desaparecidas se distinguieron por la defensa de la tierra y el agua, no solo frente a grandes proyectos de inversión sino contra empresas locales del giro agroalimentario y de extracción de materiales pétreos, que con el apoyo de los gobiernos federal y estatal se están posesionando del agua y los recursos naturales de la zona de San Juan Copala y Putla Villa de Guerrero, donde una de las principales disputas es la extracción de arena y grava de las márgenes de los ríos Copala, Cuchara, Grande y Las Juntas.

Así, en el registro del MULT se encuentran las ejecuciones de Felicitas Martínez Sánchez, Teresa Bautista Merino, Cenobio Merino López, Hilario González Domínguez, Juan Alfonso Robles Martínez, Albino Martínez Flores, Luis González Martínez, Benito Mendoza Ramírez, Heriberto Pazos Ortiz, Roberto Merino, Ramón Celestino, José Merino Fernández, Cirilo Castañeda, Francisco Chávez, Marciano Martínez Cruz y Rafael Hernández Cisneros, en tanto que en calidad de desaparecidas aún permanecen las hermanas Virginia y Daniela Ortiz Ramírez.

Felicitas Martínez Sánchez de 20 años de edad y Teresa Bautista Merino de 24, no solo eran activistas, también hacían la labor de periodistas con énfasis en la difusión del movimiento de resistencia contra el despojo del suelo y el agua de San Juan Copala; ellas hacían su labor informativa desde la estación de la radio comunitaria “La Voz que Rompe el Silencio”.

Las dos comunicadoras fueron ejecutadas por un comando armado la tarde del 7 de abril del 2008, justo cuando salían de la estación de radio y viajaban a bordo de un vehículo en compañía de Francisco Vásquez, un empleado del registro civil; las investigaciones de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, gobernado por Ulises Ruiz, soltó la versión de que el ataque no iba dirigido a las comunicadoras, como si con ello disminuyera la gravedad del hecho, y dividió a la comunidad Triqui al platear la posibilidad de que el comando ejecutor era parte de una escisión del MULT.

Tan sesgada fue la investigación de la Procuraduría de Justicia de Oaxaca, entorno a los asesinatos de Felicitas Martínez y Teresa Bautista, que la propia CNDH tuvo que hacer una recomendación –que incluyó los casos de otros 50 periodistas asesinados o desaparecidos entre enero del 2000 y julio del 2009- donde reclamó realizar una indagatoria eficaz para que agotar todas las líneas de investigación, “incluyendo las relacionadas con la labor periodística en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”,[2] de lo que no habido ningún efecto.

Quieren Tapar el Sol con un Dedo

Más allá de la violencia que el gobierno estatal de Oaxaca quiere confinar en la zona de Putla Villa de Guerrero y San Juan Copala a una disputa interétnica, aquí una de las principales razones de las agresiones a los defensores de medio ambiente se finca en la irracional explotación de los derivados pétreos en los ríos Copala, Cuchara, Grande y Las Juntas, donde el gobierno federal ha otorgado permisos a particulares para que extraigan grava y arena a pesar del deterioro que se le causa a los afluentes.

Desde el 2008, fecha en la que arreció la violencia en esta zona, el gobierno federal a través de la CNA ha otorgado, solo en el municipio de Putla Villa de Guerrero, nueve permisos a particulares para que se apropien de las orillas de los ríos que cruzan por la zona, que dejan sin posibilidad de suministro al agua sana a decenas de comunidades, de donde se extraen más de 70 mil 527 metros cúbicos de área y grava por año.

Al arrebato de los recursos naturales en esta parte de Oaxaca también se suma el desmedido uso de agua que hacen la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego “La Congeladora”, la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego para el Desarrollo Rural “21 De Junio”, la Envasadora y Empacadora del Ejido Putla De Guerrero S. De S.S. y la Planta Purificadora La Muralla S.A. de C.V., que en suma extraen más de 692 mil metros cúbicos de agua al año, que en volumen puede ser poco frente al consumo que hace la planta agroindustrial de otras partes del país, pero aquí representa casi la mitad del agua que consumen las poblaciones indígenas, donde casi el 70 por ciento carece de suministro en sus hogares.

La denuncia de falta de agua en las localidades de Putla Villa de Guerrero, fue una de las banderas que enarboló el profesor Hilario González Domínguez, uno de los fundadores del MULT, quien insistió ante el gobierno estatal de José Murat Casab y luego ante el de Ulises Ruiz Ortiz, que evitara la entrega de concesiones a particulares para la extracción de materiales pétreos de los afluentes alimentadores de la zona, señalando la posibilidad de que ello abriría las puertas a grandes empresas mineras en toda la toda la región.

La lucha de Hilario Gonzalez Domínguez se vio truncada la tarde del 3 de agosto del 2005, cuando se encontraba al interior de un local de comida en pleno centro del municipio de Putla, en donde recibió 13 impactos de bala de parte de sus tres agresores; en el lugar de los hechos fueron detenidos Claudio Solano Cruz y Francisco Osorio de Jesús, ambos funcionarios del gobierno estatal, asignados a la Unidad de Bienestar Social para la Región Triqui.

El asesinato de Hilario Gonzalez fue denunciado como un acto de agresión de la administración del gobernador Ulises Ruiz, esto según el dicho de Heriberto Pazos Ortiz, quien asoció la acción de los presuntos homicidas a la política oficial de despojo al pueblo Triqui de sus recursos naturales, tanto minerales como acuíferos, para ser entregados a los intereses de particulares, señalando la iniciativa del gobierno estatal para abrir el estado a la producción minera.

La denuncia pública de saqueo de recursos naturales al amparo del gobierno estatal, y la lucha de Heriberto Pazos Ortiz para esclarecer el asesinato de su compañero Hilario Gonzalez tuvo repercusiones: el 23 de octubre del 2010 el propio Heriberto Pazos fue ejecutado en la ciudad de Oaxaca por dos sicarios que viajaban a borde de una motocicleta, desde la que le dieron alcance; poco importó a los asesinos que el entonces líder de la MULT estuviera custodiado por tres escoltas que le fueron proporcionados por el propio gobierno del estado, ante las amenazas de muerte que había denunciado.

En su gestión como líder de la UNIT, Heriberto Pazos también denunció el desplazamiento que a causa de la falta de agua ya se estaba registrando en algunas localidades de San Andrés Chicahuxtla y Santo Domingo del municipio de Putla Villa de Guerrero, así como de San Martín Itunyoso y San José Xochistlán del municipio de Tlaxiaco, y de San Juan y San Miguel Copala, donde el agua comenzó a ser entregada en abundancia a proyectos agrícolas, antes que a las comunidades de pobladores originarios.

La visión de Heriberto Pazos no estaba errada; al día de hoy en el municipio de Tlaxiaco solo las Asociaciones de Usuarios de la Unidad de Riego Ejido Ojo de Agua, Para el Desarrollo Rural El Boquetón II y Ojo de Agua Tlaxiaco Oaxaca S.P.R. de R.I. cuentan con permisos para el uso de hasta 2 Millones 045 mil 856 metros cúbicos de agua al año, a los que se suma el consumo que hacen las Unidades de Riego, Atotonilco, El Rincón, El Vergel, La Hierbabuena, La Providencia, El Llano Yosovee, Los Granados, Mexicalcingo, Rio de Tablas, Rio Yutatoto y San Vicente, que en total consumen Un Millón 691 mil 536 metros cúbicos de agua en forma anual.

Así, mientras las comunidades del pueblo Triqui en la zona de Tlaxiaco se han visto en la necesidad de la migración por carencia de agua, el gobierno federal ha cedido en propiedad a los núcleos agrarios más de 3 millones 737 mil 390 metros cúbicos de agua año, lo que resalta frente a la cantidad que se entrega al sistema municipal para el suministro a la población, el que con nueve pozos obtiene 2 Millones 581 mil 079 metros cúbicos de agua al año.

Hay que señalar que en la disputa por el agua de Putla Villa de Guerrero como en la de Tlaxiaco, hay población Triqui de ambos lados, tanto de los que se benefician con el agua concesionada como de las comunidades que carecen del líquido, lo que ha dado pie para que en las esferas del gobierno federal y estatal de Oaxaca este conflicto se catalogue como una disputa étnica, sin reconocer el fondo de éste que finalmente es el agua.

Investigaciones en el Olvido

A causa de ese conflicto étnico, hablando en términos oficiales, es que también se dio el asesinato del defensor de la tierra Juan Alfonso Robles Martínez, quien fue ejecutado a las afueras del palacio de gobierno la mañana del 22 de mayo del 2007; la lucha de este defensor, que también era regidor de salud en el municipio de Putla Villa de Guerrero, se centró en la necesidad de suministrar agua a toda la población marginada de esa localidad, a fin de reducir los índices de morbilidad producto de la escasez del líquido.

El trabajo de Juan Alfonso Robles Martínez, que a través del gobierno estatal estaba insistiendo ante el gobierno federal la reconsideración en la distribución del agua en esa región, también era secundada por Albino Martínez Flores, otro de los líderes del MULT quien además hizo énfasis en el cese de concesiones para la extracción de grava y arena de los afluentes alimentadores de agua en la zona de Putla, llegando a organizar y realizar movilizaciones sociales para frenar los procesos de depredación de los lechos hidrológicos.

También Albino Martínez Flores fue ejecutado, esto ocurrió la tarde del 13 de noviembre del 2009, justo en las vísperas de una movilización frente al palacio de gobierno en la ciudad de Oaxaca, la que estaba organizando para reclamar la reorientación de la política considerada cómplice en el arrebato de los recursos naturales al pueblo Triqui; fueron dos personas las que lo ejecutaron en las céntricas calles del municipio de Putla acertándole tres impactos de bala.

Otro ejecutado a causa de la defensa del agua y el territorio en la zona Triqui de Oaxaca fue José Merino Fernandez, quien primero fue secuestrado por sus asesinos; el jueves 12 de enero del 2015, un comando armado se lo llevó justo cuando llegaba a su domicilio, luego de una reunión de organización con los dirigentes del MULT. No se volvió a saber nada de él hasta que su cuerpo apareció, con visibles huellas de tortura y un balazo en la cabeza, en las inmediaciones del tramo carretera que va de Putla a la comunidad de La Joya.

El asesinato de José Merino Gonzalez fue atribuido a un secuestro que en apariencia no tenía nada que ver con su lucha social, según se establece en las indagatorias iniciadas por la entonces procuraduría de justicia del estado de Oaxaca; el secuestro y homicidio de Merino Gonzalez fue atribuido en primera instancia a una célula del llamado Cartel del Istmo, el que encabezó Pedro Díaz Parada, pero la instancia ministerial no ahondó en las razones del secuestro, pues Merino Gonzalez no contaba con recursos suficientes como para haber atraído la atención de los plagiarios.

Lo mismo sucedió con Cirilo Castañeda Guzmán, el iniciador del movimiento de defensa del territorio Triqui, quien fue ejecutado en marzo del 2006 en el centro ceremonial de San Juan Copala, luego de haber reclamado directamente al entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz la decisión de esa administración de abrir la posibilidad de nuevas concesiones de uso de agua para núcleos agrarios que contaban con participación económica o convenios de comercialización de empresas multinacionales interesadas en la producción a gran escala de granos básicos.

A causa de la defensa del territorio indígena también fueron ejecutados Marciano Martínez Cruz y Rafael Hernández Cisneros, quienes habían extendido la resistencia al despojo hacia la zona de Santiago Juxtlahuaca, una de las regiones más pobres del estado, en donde la escasez del agua se ha intensificado en los últimos dos años, luego del despojo que han venido haciendo la autoridades federales, al preferir el suministro del vital líquido para los cultivos agrícolas antes que a la población.

En esta región, donde los movimientos sociales para la defensa del agua han pasado prácticamente inadvertidos para el gobierno federal, pese al cobro de vidas de los defensores del derecho al agua, el río Juxtlahuaca tiene una capacidad promedio de aportación de agua subterránea de 3 millones 887 mil 246 metros cúbicos por año,[3] pero el consumo de las unidades de riego, alentados por la inversión de empresas trasnacionales que comercializan los granos, llega a 3 millones 375 mil 693 metros cúbico, lo que solo deja un aproximado de 511 mil 553 metros cúbicos de agua al año para abastecer a la población.

Eso es lo que ha hecho que en este municipio también se registren problemas de desplazamiento poblacional a causa de la falta de agua, un hecho que fue denunciado en su momento por Marciano Martínez Cruz, quien fue ejecutado la mañana del 7 de enero del 2017 sobre la carretera federal 125 a la altura de la comunidad de El Chorrito, en el municipio de Putla Villa de Guerrero, en donde también pereció Rafael Hernández Cisneros.

Los dos líderes ejecutados, que fueron alcanzados por un comando armado que los acribilló al interior de su camioneta, habían insistido en la denuncia sobre la facilidad con que el gobierno federal había comenzado a ceder grandes volúmenes de agua a favor de las unidades de riego Yerbasanta, Del Fresno, Punta de Piedra, Cabeza del Río, El Diamante, La Sabinera, Llano de la Cruz, Ojo de Agua, Paso de Águila, Río Carrizal, Río Encino Blanco, Río Rahelle, Río Sabino, Río San Marcos, Santa Catarina, Santa María Asunción y Zochiquilazala, dejando prácticamente a la población sin posibilidad para acceder a agua para su uso doméstico.

Otro defensor de la tierra y el agua que fue asesinado en Oaxaca es Benjamin Juárez José, el que fuera dirigente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), una organización que se ha mantenido en pie de lucha contra los megaproyectos, principalmente mineros y de generación de electricidad, que intentan despojar de sus recursos a los pueblos naturales de la zona del Istmo de Tehuantepec.

Benjamin Juárez José murió el 6 de abril del 2017, de manera inexplicable dentro de los separos de la policía municipal de Matías Romero, luego de ser detenido en forma arbitraria por elementos de esa corporación bajo el presunto requerimiento en una diligencia oficial; el entonces presidente suplente de la UCIZONI fue retenido sin ningún mandato judicial por más de 24 horas y su cuerpo fue hallado con golpes en la cabeza dentro de una celda.

El activista se había manifestado en contra del proyecto minero de la empresa canadiense Minaurum Gold Inc., que pretende instalarse en el municipio de Santo Domingo Zanatepec, en donde busca la explotación de una mina de oro a cielo abierto que devastará más de 7 mil 310 hectáreas de suelo, con afectación irreversible a los mantos freáticos que serían contaminados con cianuro, dejando a los pobladores de esa zona en la zozobra al pretender consumir más de 2 millones de metros cúbicos de agua al año.

Para colocar en contexto la intención de la minera Minaurum Gold Inc., solo hay que señalar que de acuerdo a los datos del Registro Público de Usuarios de Agua de la CNA, la población del municipio de Santo Domingo Zanatepec cuenta con un abasto promedio anual de agua que se ubica en los 823 mil 352 metros cúbicos, que representa menos de la mitad del agua que pretende utilizar la minera, pese a que más del 15 por ciento de los habitantes de este municipio no cuentan con abasto de agua potable en sus domicilios.

La lucha de Benjamin Juárez José, que no diferenció la defensa del agua o del suelo, también se focalizó en frenar otros proyectos mineros dentro de la zona del Istmo de Tehuantepec, como los de las mineras Zalamera S.A., Maya Minas y Minerales S.A. de C.V., y Geonorte S.A. de C.V., que mediante cinco títulos de concesión se han apropiado de más de 30 mil hectáreas de suelo dentro de la localidades de San Miguel Chimalapa, Santo Domingo Zanatepec, San Pedro Tapanatepec, Ixtepec y Santiago Laollaga, para explotar minas con beneficio de oro, plata y cobre.

En San Miguel Chimalapa, a fin de operar el llamado proyecto Santa Marta que tiene una reserva de 5 mil 610 hectáreas de suelo a devastar, la empresa Minaurum Gold Inc., pretende hacer una extracción de agua de casi 670 mil metros cúbicos al año, cuando la población de esta localidad, en donde el 11 por ciento no cuentan con servicio potable en sus domicilios, solo tiene autorizado el uso de 170 mil 496 metros cúbicos de agua al año, mediante la operación de 19 pozos propiedad del municipio.

En San Pedro Tapanatepec, donde la codicia de las mineras la ha despertado el propio Servicio Geológico Mexicano al declarar desde el 2012 la existencia de 39 sitios con reservas mineras de importancia, de las que 17 son de agregados pétreos, 16 de minerales metálicos, cuatro de rocas dimensionables y otros dos más de minerales no metálicos,[4] solo la empresa Geonorte S.A. de C.V., filial de la canadiense Radius Gold Inc., pretende explotar una mina de oro y cobre en el predio Tapanatepec 2, que cuenta con extensión de 17 mil 350 hectáreas, para lo que tendrá que utilizar más de 2 millones de metros cúbicos de agua al año.

El consumo de agua planteado para este proyecto, que es seis veces mayor al volumen de que se destina tanto a la producción rural como al suministro de las familias para fines domésticos en esta localidad, fue una de las denuncias hechas no solo por Benjamín Juárez José, sino también por el activista José Alberto Toledo Villalobos miembro de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) quien al igual que Benjamín Juárez fue ejecutado a golpes.

A Jose Alberto Toledo Villalobos, que además de denunciar los proyectos de arrebato del suelo y del agua en su región también mantuvo una lucha constante contra la Comisión Federal de Electricidad para frenar los proyectos de generación de energía de fuentes eólicas, lo interceptaron sus agresores sobre la carretera de Tapanatepec a Juchitán, según la versión de miembros de la organización Articulación de Pueblos Originarios del Istmo de Tehuantepec, esto el 9 de abril del 2017, cuando fue golpeado brutalmente y dejado por muerto, pero finalmente falleció en las instalaciones del hospital de Juchitán.

Este activista también se había movilizado contra el proyecto minero de Maya Minas y Minerales S.A. de C.V., que a la fecha no ha cesado en su intención de explotar los yacimientos de oro, plata y cobre en los lotes conocidos como Maya Frac I y Maya Frac II con una extensión de 2 mil 311 y 2 mil 445 hectáreas respectivamente, cuya vigencia de explotación se mantiene hasta el año 2063, con la posibilidad de invadir y contaminar los ríos Negro y Milagros-Zacatal.

La Sangre con la que se Riega el Desarrollo

El pasado 22 de julio del 2018, fue ejecutado en Juchitán el activista Rolando Crispín López, integrante de La Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. También era opositor al proyecto federal de la Zona Económica Especial y enarboló una lucha de resistencia contra la empresa Energía Eólica del Sur S.A.P.I. de C.V., antes Mareña Renovables.

A Rolando Crispín López, tras haber terminado su jornada de vigilancia como miembro de la guardia comunitaria que en esta localidad se integró para la defensa del territorio y el agua, lo ejecutó un solitario asesino que fue identificado como policía en activo del municipio de Juchitán. La víctima se encontraba haciendo unas compras en una céntrica calle de ese municipio cuando fue ejecutado a quemarropa; el asesinato del activista no ha sido plenamente investigado por la autoridad ministerial de Oaxaca, pues a pesar de que públicamente se conocen los particulares del presunto homicida este no ha sido llamado a rendir cuentas.

Tan peligrosa ha resultado la defensa del territorio en Oaxaca, donde se mantiene un estado de intimidación, persecución y amenazas contra los defensores, como ocurre en el municipio de Unión Hidalgo con los que se oponen a la construcción y operación del parque eólico Gunaa Sicarú a cargo de la empresa Desarrollos de México S.A. de C.V., subsidiaria de la española Renovalia Energy, que se ha registrado un hecho inusual: colectivos civiles de defensa de derechos humanos han tenido que lanzar una alerta de protección para estos activistas por el riesgo asumido en su labor social.

Recientemente el colectivo Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), representado por Arturo de Jesús Peimbert Calvo, reconoció la necesidad de proteger a los integrantes del Comité de Resistencia ante el Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, de los cuales algunos ya han recibido amenazas de muerte, como es el caso de Bettina Cruz Velásquez y Maribel González, las que fueron advertidas del riesgo de perder la vida si continuaban con su lucha, esto por parte de un grupo de 50 trabajadores de la empresa Desarrollos de México S.A. de C.V. que destruyó el cercado de las parcelas indígenas hacia donde se pretende extender el campo eólico de la trasnacional.[5]

La alerta emitida en Oaxaca no solo advierte sobre la agresividad de la firma Desarrollos de México S.A. de C.V., de capital español, sino que también menciona a la compañía Eólica de Oaxaca S.A.P.I. de C.V., filial de la francesa EDF Energies Nouvelles, la que se ha logrado consolidar en la región pasando por encima del derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas e informadas sobre los planes de uso del suelo y la debida retribución económica a estas.

Por lo anterior, el colectivo Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca consideró urgente que “se implementen mecanismos eficaces para salvaguardar los derechos humanos de los habitantes de Unión Hidalgo y de los integrantes del Comité de Resistencia ante el Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, Oaxaca”, a fin de que se mantengan a salvo a no solo el derecho a la información de los pueblos indígenas, sino la vida de los defensores.

Pero a parecer ese reclamo ha pasado desapercibido, pues apenas a 21 días de emitida la alerta de protección a los defensores de la tierra en Oaxaca fue asesinado José Medel Jiménez Cruz, otro activista que se distinguió por la lucha contra la presencia de las empresas eólicas en la zona de Unión Hidalgo; fue ejecutado el 20 de julio del 2018 a las afueras de la comunidad de San Miguel Chimalapa, en donde era presidente del Comisariado de Bienes Comunales y por cuyo cargo también se había opuesto a la cesión de permisos para la operación de una mina de oro en las inmediaciones del predio La Cristalina, a cargo de la empresa canadiense Minaurum Gold Inc.

El asesinato de José Medel Jiménez Cruz, cae dentro de los defensores del agua, al haber manifestado su abierta oposición al uso de más de un millón de metros cúbicos de que pretende la minera Minaurum Gold Inc., el que de lograrse representaría más de 6 veces el agua que consume la población de San Miguel Chimalapa a través de los 19 pozos autorizados por la CNA, que aportan un gasto de agua de 162 mil 926 metros cúbicos al año, que aun así son insuficientes para el grueso de la población, de la que más del 16 por ciento no cuenta con ese servicio en su domicilio, pese a la bastedad que aportan los ríos Esperote, El Santo, Chiquito y Aguas Calientes.

Jiménez Cruz también llevó su lucha a nivel nacional contra el despojo del suelo y el agua que representa la minería, a promover el llamado Movimiento de Resistencia Contra las Hidroeléctricas, Extracción de Hidrocarburos y Minería a Cielo Abierto, el que a la fecha se ha generalizado en la mayor parte de las regiones indígenas con reservas minerales, donde el gobierno federal sigue con la promoción de esa actividad industrial bajo el estéril argumento del desarrollo económico y social.

El movimiento propuesto por el activista Jose Medel Jiménez Cruz, que se está fortaleciendo en la zona de la Sierra Norte de Puebla luego de la postura declarada por los defensores del medio ambiente en Ixtacamaxtitlán, también crece en el municipio de Caltepec donde se decidió cerrar la puertas a la compañía alemana Minera Sumex S.A. de C.V., la que pretende apropiarse de más de Mil 500 hectáreas de suelo en la comunidad de Zapotitlán, en los límites con Oaxaca, donde el suministro de agua a la población ya raya en lo exiguo.

La escasez de agua en el municipio Caltepec, Puebla, no es pareja: el sector agroindustrial tienen sus privilegios. Mientras la población de más de 6 mil 500 habitantes, de los que el 17 por ciento no tiene servicio de agua en sus domicilio, cuenta con autorización para utilizar, mediante 15 pozos, un volumen de 288 mil 617 metros cúbicos al año, en tanto que el sector agroindustrial se beneficia con más de 752 mil 819 mil metros cúbicos de agua al año.

La Pelea contra Los Gigantes

En Puebla no solo son las mineras las que amenazan con dejar sin suministro de agua a la población; aquí, la lucha por la subsistencia también se da en torno a siete grandes proyectos hidroenergéticos en la zona de la Sierra Norte, los que no solo arrebatarán el agua para el consumo de las poblaciones, sino que afectarán en forma severa el medio ambiente del que dependen para vivir decenas de comunidades indígenas.

Los siete proyectos en cuestión surgieron a partir de la entrada en vigor de la Reforma Energética, cuando el estado cedió a la iniciativa privada parte de su función rectora en la generación, distribución y comercialización de electricidad, dejándoles también la posibilidad de apropiarse de los recursos hídricos para dicha función.

El gran contrasentido de la Reforma Energética es que el suministro de energía eléctrica ni siquiera es para las poblaciones aledañas a los megaproyectos, en donde es evidente la carencia de ese servicio; toda la producción de electricidad que se logre mediante la infraestructura fincada en el uso de los caudales de ríos y represas se contempla destinar a la operación de las mineras proyectadas en esa zona, muchas de las que a la fecha se encuentran en etapa de exploración.

Así las empresas Generadora de Energía Xochimilpa S. de R.L. de C.V. y Planeación y Proyectos de Ingeniería S.C. del Grupo México S.A.B. de C.V., tienen a cargo el proyecto de la Central Hidroeléctrica Xochimilpa que se pretende instalar en la rivera del Ajajalpan, arrebatando el agua a las poblaciones de Xochicuautla, Ahuacatlán y Zacatlán.

En la misma orilla del río Ajajalpan también está en proceso la planta hidroeléctrica Puebla I, a cargo de las empresas Deselec 1 S. de R.L. de C.V. y Comexhidro S.A. de C.V., que dejará sin acceso al agua a los habitantes de 18 localidades de los municipios de San Mateo, Ahuacatlán y Tepatlán, en donde además se encuentran en proceso de entrega cinco concesiones mineras.

Sobre la rivera del Apulco se pretende también construir una represa, a cargo de la firma Hidroeléctrica del Apulco S.A. de C.V., la que obligará a la disminución de agua para la comunidad de Taihtic, Zacapoaxtla, igual que se verán afectadas las comunidades de Bienvenido y Olintla, luego que sobre el río Ajajalpan el Grupo México S.A.B. de C.V. construya también otra hidroeléctrica.

Por su parte la empresa Ingdeshidro Eléctrica S.A., con su proyecto San Antonio que se contempla sobre los ríos Zempoala y Ateno para suministrar de energía eléctrica a futuros proyectos mineros de la zona, también hará que se vean disminuidas las posibilidades de suministro de agua las poblaciones Xochistlán, Atlequizayán, Zapotitlán, Nauzontla y Zoquiapan, donde la población vive prácticamente de la siembra de cultivos de granos básicos a baja escala.

Las poblaciones de los municipios de Zoquitlán y Tlacotepec se verán también recortadas en el acceso al agua con la puesta en operación de los proyectos hidroeléctricos de Coyalapa y Atzalan, el primero a cargo de la Compañía Hidroeléctrica de Puebla S.A. de C.V., y el segundo por parte de la Compañía Minera Autlán S.A.B. de C.V., el que de esa forma se está autoabasteciendo de electricidad para la operación de su planta minera en Teziutlán.

La Compañía Minera Autlán S.A.B. de C.V. ya es vieja conocida en la zona, por su forma de hacer negocios, donde la constante es ignorar los reclamos sociales, como pasó con la Central Hidroeléctrica Atexcaco, la que se alimenta del agua de los ríos Xiucayucan, Atexcaco, Puxtla, Xomiaco, Colaxtitla y Acateno, y que propició una afectación directa al suministro de agua a la población de las comunidades de Hueyapan, Tlatlauquitepec y Yahonauac.

Contra estos proyectos calificados como “de muerte” fue contra los que se alzó el activista Manuel Gaspar Rodríguez, quien el 15 de mayo del 2018 fue asesinado de manera misteriosa dentro de un hotel de la cabecera municipal de Cuetzalan, a cuyo asesinato le siguió la también misteriosa desaparición de Sergio Rivera Hernández, quien en su calidad de integrante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) se opuso al avance de los megaproyectos hidroenergéticos arriba mencionados.

Sergio Rivera Hernández, quien al momento de su desaparición organizaba la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atlzalá en la Sierra Negra de Puebla -el que corre a cargo del Grupo México que es propietario de la Compañía Miner Autlán-, fue visto por última vez el 23 de agosto del 2018 sobre la carretera de Tepexilotla a Tepetolonzi en el municipio de San Pablo Zoquitlán, en donde era perseguido, según testigos, por una camioneta Nissan Blanca con caja seca, encontrando su motocicleta arrollada a la altura de la desviación a la comunidad de Zaragoza sin ninguna señal de él.

Este activista desaparecido, fue uno de los que abanderaron en el sureste del estado de Puebla el movimiento para alcanzar la declaratoria de zonas libres de minería, el que desde Oaxaca promovió el también activistas asesinado Jose Medel Jiménez Cruz, cuya propuesta también tuvo eco en el municipio de San Pedro Tututepec, Oaxaca, en donde una serie de obras ejecutadas por el gobierno federal, en torno al Parque Nacional Lagunas de Chacahua y la depredación del bosque a causa de la tala clandestina, están abriendo la posibilidad de dejar sin suministro de agua a los pobladores de las comunidades de El Zapotalito, Chacahua, La Pastora y El Corral.

Esa denuncia fue abanderada por Gabriel Ramos Olivera, un joven biólogo que se desempeñaba como guarda parque en Lagunas de Chacahua bajo el auspicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), quien tanto amor tuvo por la defensa del agua que terminó por ofrendar su vida.

A Gabriel Ramos Olivera lo ejecutaron el 17 de agosto del 2017 frente a la Escuela Secundaria Técnica de la comunidad de El Zapotal, de donde él era vecino, justo cuando se dirigía a su trabajo: su agresores le acertaron al menos tres disparos de arma de fuego del calibre .38 especial, por lo que no tuvo ninguna posibilidad de sobrevivir.

Al asesinato de Gabriel Ramos Olivera se sumó el de Aniceto Soriano Guzmán, quien era subdirector de la policía municipal de San Pedro Tututepec y que de alguna forma aportó indicio a la investigación del homicidio del biólogo Gabriel Ramos, en donde marcó dos pistas: la presencia de un grupo de taladores clandestinos y la posible relación de algunos grupos de producción agrícola que prácticamente mantienen acaparado el suministro de agua en esta parte de Oaxaca.

Aniceto Soriano Guzmán fue ejecutado el 3 de septiembre del 2018, y aunque si bien es cierto no estaba dedicado de pleno a la defensa del medio ambiente sí era participe de la comunidad que ha venido reclamando al gobierno federal una más justa distribución del agua, pues casi el 70 por ciento de los volúmenes que se extraen en este municipio se destinan al riego de parcelas particulares, lo que ha dejado a más de 12 mil personas de las que casi 52 mil con las que cuenta esta localidad sin la posibilidad de suministro en sus domicilios.

Disputa a Muerte

La disputa por el agua en el municipio de Villa de Tututepec Melchor Ocampo solo se puede entender con base en las cifras del Registro Público de Derechos de Agua de la CNA, en donde se establece que mientras los productores particulares de granos reciben mediante la operación de 163 pozos un suministro de más de 5 millones de metros cúbicos de agua al año, el municipio solo cuenta con 34 pozos que dan un abasto de Un Millón 464 mil 553 metros cúbicos por año para abastecer la gente.

La pelea y muerte que se da en torno al agua en la zona de San Pedro Tututepec, Oaxaca, es muy similar, a la que se ha gestado en Arantepacua, del municipio de Nahuatzen, en el estado de Michoacán, donde la conservación del suelo, el agua y el bosque ha dejado, solo en el 2017, cuatro defensores de la tierra asesinados, los que ni siquiera fueron ejecutados por comandos de crimen organizada, sino que fueron abatidos por balas de la policía estatal del gobierno de Silvano Aureoles Conejo.

Los defensores de la tierra asesinados en Michoacán, son José Carlos Jiménez Crisóstomo, Luis Gustavo Hernández Cohenete, Francisco Jiménez Alejandre y Santiago Luna Crisanto, quienes cometieron como único delito oponerse a la decisión del gobierno estatal de invadir la comunidad con policías estatales, con el único fin de rescatar más de 20 vehículos de empresas de transporte público de pasaje de la línea Paraíso, Purhépecha y TAP, además de Bimbo, Sabritas, Coca-Cola y Barcel, que fueron retenidos por los comuneros de Arantepacua en reclamo de una solución definitiva al conflicto.

Solo para colocar en contexto esta disputa por los recursos naturales, hay que recordar que las comunidades de Arantepacua y Capácuaro, mantienen un diferendo a muerte desde hace 70 años por más de 520 hectáreas de suelo, en donde las administraciones estatales a veces se inclinan de un lado a veces de otro, sin ofrecer una solución real al conflicto, el que ha sido calificado de manera oficial como “un problema étnico de límites y colindancias”, sin reconocer que en él se haya en juego la sobrevivencia de la comunidad de Arantepacua por estar allí el principal suministro de agua.

Las 520 hectáreas de suelo y bosques que suministran de agua a la comunidad de Arantepacua se ubican dentro del territorio de esta localidad, pero un decreto presidencial emitido en 1984 por Miguel de la Madrid Hurtado, refiere que esas tierras son propiedad de los comuneros de Capácuaro, porque así lo estableció por su propia decisión el entonces secretario de la Reforma Agraria, Luis Martínez Villicaña, lo que hizo que estas dos comunidades de la etnia purépecha se confrontaran a muerte.

La escalada del conflicto llegó a su cúspide el pasado 5 de abril del 2017, cuando en su legítimo reclamo a la propiedad de su territorio, los comuneros de Arantepacua secuestraron 20 vehículos de diversas empresas, a fin de presionar al gobierno estatal a gestionar la devolución de las 520 hectáreas de las que poco a poco se han ido haciendo los comuneros de Capácuaro. El movimiento de lucha lo encabezó José Carlos Jiménez Crisóstomo, quien fue el primero en caer ejecutado por un grupo de los 400 policías estatales que desplegó en esa localidad el gobernador Silvano Aureoles Conejo.

José Carlos Jiménez Crisóstomo formaba parte del colectivo que ha venido reclamando en forma insistente ante la CNA el otorgamiento de nuevos permisos de perforación de pozos para el suministro de agua potable a la población, ya que a la fecha la única forma que tienen de abasto los más de 3 mil habitantes de Arantepacua es mediante la recolección de agua de lluvia o de los cada vez más escasos afluentes que bajan de la zona boscosa.

A la fecha, el municipio de Nahuatzen solo cuenta con cinco pozos de agua potable; tres que abastecen a la cabecera municipal con un gasto total de 347 mil 373 metros cúbicos de agua al año, otro que abastece a la comunidad de Turícuaro con un volumen de 164 mil 250 metros cúbicos al año y uno más que atiende a las necesidades de la población de Emiliano Zapata con 4 mil 664 metros cúbicos al año. La población de Arantepacua no cuenta con ningún pozo de agua potable, pues el que pretenden perforar se encuentra en las inmediaciones de los predios en conflicto.

Por esa razón fue la resistencia del pasado 5 de abril del 2017, en donde también perdieron la vida Luis Gustavo Hernández Cohenete, Francisco Jiménez Alejandre y Santiago Luna Crisanto, miembros también de la comuna que de manera pública expuso en varias ocasiones ante el gobierno estatal de las administraciones de Lázaro Cárdenas Batel, Víctor Manuel Tinoco Rubí, Leonel Godoy Rangel, Fausto Vallejo Figueroa-Salvador Jara Guerrero, y después de Silvano Aureoles Conejo, la inconsistencia de que más de 3 mil habitantes de Arantepacua no tengan acceso al agua, mientras que en Uruapan el agua se entrega a borbotones a la planta industrial.

Las Refresqueras, Agravan el Problema

Mientras los pobladores de Arantepacua, vecinos colindantes de Uruapan, no tienen agua ni para beber, menos para sus actividades agrícolas de baja escala, en la zona de Uruapan no hay restricción para dotar de agua a la planta industrial; solo la empresa Bebidas Azteca de Occidente S.A. de C.V., la embotelladora de Coca Cola, consume al año 300 mil metros cúbicos de agua, que es casi el equivalente a toda el agua que consume en un año la población completa de Nahuatzen.

No solo la refresquera Coca Cola hace un uso irracional en esta región de Michoacán. También la empresa Geusa de Occidente S.A. de C.V., fabricante de bebidas como Pepsi Cola, Lipton y Gatorade, se ha valido de las “bondades” oficiales de distribución de agua a la planta industrial para tener concesionados dos pozos que en la zona de Uruapan que garantizan un suministro de 413 mil 989 metros cúbicos de agua al año.

La desigual distribución del agua en la zona alta de la Meseta Purépecha, también se observa en los beneficios que logra la empresa Bebidas Purificadas del Cupatitzio S.A., la que embotella los refrescos Mirinda, Kas, Trisoda y Seven Up, y que es filial de Grupo Embotelladoras Unidas S.A. de C.V., que se beneficia con 80 mil 640 metros cúbicos de agua al año.

Otra refresquera que de manera indolente se ha apropiado del agua que no llega a las comunidades serranas de Uruapan, es la Embotelladora Aga del Centro S.A. de C.V., la que embaza refrescos de la marca Sidral, Caballitos, Lemon One, Zubba, Squirt y Skarch, que se elaboran a partir del uso de 47 mil 925 litros de agua al año.

Pero no solo son las refresqueras las empresas que se están quedando con el agua que se le arrebata a los pueblos indígenas de Michoacán, también la industria del aguacate es responsable en gran parte del conflicto social que se presenta en esta región del occidente; solo hay que ver los números de algunas de las principales comercializadoras del llamado “oro verde” que en esencia es igual al oro metálico, al generar devastación ambiental en su proceso de monetización.

Mientras en la sola región de Uruapan existen poblaciones indígenas, como las de Nurio, Zirimícuaro, San Juan Parangaricutiro, Nuevo San Martín, Tiamba, Las Cocinas y San Andrés Coru, en donde más de la mitad de casi 120 mil habitantes no tienen el mínimo de agua para vivir, la CNA ha otorgado escandalosas concesiones de agua para la producción de aguacate; Avocado Export Company S.A. de C.V. tiene beneficios por 17 mil 998 metros cúbicos de agua al año, Huertas Camatin La Colorada extrae 165 mil metros cúbicos, y Empacadora de Aguacates San Lorenzo es dueña de 18 mil 249 metros cúbicos de agua al año, solo por mencionar algunas de las empresas aguacateras más importantes de Uruapan.

El desabasto de agua a la población en la zona de Uruapan, pese a ser uno de los lugares con mayor cantidad de agua de todo el país, también se debe a la explotación que de ella hace el propio gobierno federal a través de la CFE, la que para mantener en operación la Central Hidroeléctrica de Zumpimito utiliza Mil 020 millones 185 mil 425 metros cúbicos de agua al año, que es el equivalente a 11 veces el consumo de agua que hace en un año el consorcio minero Grupo México S.A.B. de C.V. el más voraz de la industria minera en cuanto a consumo de agua en el país.

Bajo su aparente imagen de benefactora social la CFE ha mostrado en Michoacán su verdadera faceta de devastación ambiental, pues no solo en Uruapan está consumiendo las reservas hídricas de la zona, también en el municipio de Los Reyes ha causado desbasto de agua a la población, al consumir más de 21 veces el volumen de agua que ha sido asignado al suministro habitacional a través del sistema municipal de agua potable.

Esta denuncia fue la que lo costó la vida al defensor indígena de la tierra Felipe Ramírez, quien desde los años 70´s, cuando aún estaba en proyecto la instalación de la planta generadora de electricidad de la CFE comenzó un movimiento de resistencia contra la paraestatal, luego de considerar que esa planta consumiría los recursos de agua de toda la zona de este municipio serrano.

La protesta de Felipe Ramírez se arreció apenas hace dos años, cuando los volúmenes de consumo de agua de la CFE se incrementaron en un 25 por cinto ante la propuesta de aumentar los niveles de producción de electricidad, lo que hizo que disminuyera el consumo de agua entre la población en casi un 30 por ciento, tanto para el consumo doméstico como para el riego de cultivos en baja escala.

A Felipe Ramírez lo ejecutó un comando del crimen organizado el 20 de octubre del 2017, cuando transitaba en su camioneta, en compañía de dos familiares que resultaron heridos, sobre el kilómetro 15 de la carretera Jacona-Los Reyes; fue alcanzado por al menos siete sujetos que viajaban en cuatro motocicletas, los que fueron cubiertos en la huida por elementos de la policía estatal de Michoacán.

Al cierre de esta investigación las pesquisas sobre el asesinato de Felipe Ramírez no mostraban ningún avance. La Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán aun no tienen evidencia de quién o quiénes son los responsables del asesinato; se mantiene como principal línea de investigación la posibilidad de que el defensor haya sido asesinado por miembros del crimen organizado, del cartel de los Caballeros Templarios, lo cual no está lejos de la realidad, solo que estos actuaron bajo instrucción oficial, según lo confió uno de los deudos de la víctima.

La protesta de Felipe Ramírez se entiende plenamente al considerar que mientras la población del municipio de Los Reyes, tasada en más de 160 mil habitantes, se beneficia con 774 mil 035 metros cúbicos de agua al año generados en 22 pozos del municipio, la CFE obtiene 16 millones 334 mil 990 metros cúbicos de agua por ese mismo periodo.

En este municipio –igual que en la mayor parte del territorio nacional- tal como lo denunció el defensor caído, hay empresas que cuentan en un solo pozo con mayor volumen de agua que toda una comunidad completa, como es el caso de la empresa Grupo de Productores La Alameda A.C. que obtiene poco más de 163 mil 064 metros cúbicos de agua en un año, mientras que comunidades como La Tinaja, Cheratillo, 18 de Marzo, Oruscato o San Luis, reciben solo 20 mil metros cúbicos.

El suministro de agua en Los Reyes, Michoacán, es tan desproporcionado entre industria y población, que solo el complejo azucarero Ingenio Santa Clara S.A. de C.V. cuenta con más agua que toda la población del municipio, al gozar de un permiso que le garantiza el suministro de 785 mil 779 metros cúbicos cada año; este ingenio es propiedad del Grupo Porres, el mismo que mantiene en operación el complejo azucarero de Huixtla, en Chiapas, en donde también han surgido conflictos por la posesión del agua.

En el estado de Chiapas, solo durante el 2017, se registró el asesinato de dos defensores de la tierra; Rodrigo Guadalupe Huet Gómez fue ejecutado el 22 de mayo, en las inmediaciones del panteón de la comunidad de Cruztón del municipio de Venustiano Carranza, mientras que Andrés Jiménez Pablo fue asesinado el 9 de agosto en el municipio de Ocozocoautla; ambos fueron víctimas de ataques directos y el o los asesinos no han podido ser identificados, por lo que sus casos se mantienen en completa impunidad.

Rodrigo Guadalupe Huet Gómez, en su calidad de consejero de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP) no solo había denunciado el despojo de tierras y la presencia de proyectos extractivos en la región de Venustiano Carranza, también -a la par de la defensa de la identidad cultural de su pueblo- inició una lucha por la justa distribución del agua, la que pretendía llegara de manera adecuada a los más de 6 mil pobladores que carecen de ella y de la que se encuentran vedados más de 760 pequeños productores agrícolas de la región.

Los datos oficiales de la CNA dan un contexto más claro de la lucha por el agua que encabezó en esta parte de Chiapas el activista Rodrigo Guadalupe Huet Gómez: mientras el municipio, con la operación de 240 pozos, tiene acceso a un volumen de casi 5 millones 500 mil metros cúbicos para atender las necesidades de la población, solo la Compañía Azucarera La Fe S.A. de C.V., que opera el ingenio Pujiltic del grupo Zucarmex, se beneficia con 5 millones 148 mil 164 metros cúbicos de agua al año.

Megaproyectos Insaciables

El arrebato de agua en esta parte de Chiapas también toca a la propia Comisión Federal de Electricidad, la que para la generación de energía eléctrica sustrae 9 mil 334 millones 610 mil 919 metros cúbicos de agua al año, que en términos prácticos representa más de mil 697 veces la cantidad de agua que se le destina a la población, en donde la carencia afecta a más del 10 por ciento de los habitantes.

Tal como lo denunció el activista Rodrigo Guadalupe Huet Gómez, el problema de abasto de agua en la zona de Venustiano Carranza se podrían agudizar aún más, sobre todo si se concretan los planes de explotación minera que el gobierno federal ha determinado aquí, como es el caso del proyecto minero que desde el 2004 pretende la empresa Fronteer de México, una subsidiaria de la canadiense Fronteer Development Group, que busca oro, titanio, zinc y barita, ocasionando ya el despojo de más de 530 hectáreas de suelo a comuneros de Venustiano Carranza, Las Margaritas y San Cristóbal de las Casas.

De tal impacto para la lucha del territorio y la defensa de los recursos naturales fue este asesinato, que la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, emitió un posicionamiento   donde reconoció el contexto de violencia que enfrentan todos los que defienden los derechos humanos en nuestro país, recomendando al Estado mexicano llevar a cabo investigaciones responsables para dar con el o los agresores y que el crimen no quede en la impunidad.[6]

A causa de la presencia minera también en el municipio de Ocozocoautla, Chiapas, se teme que el agua se pueda agotar, pues esta localidad forma parte del proyecto de expansión que pretende la canadiense Radius Gold Inc., a través de la subsidiaria Geometales del Norte S.A. de C.V. que busca oro y plata en esa región con un estimado de uso de agua de por lo menos 4 millones de metros cúbicos por año, lo que terminaría por consumir las ya de por sí agotadas reservas hídricas de la zona.

Esa fue la denuncia que enarboló en vida Andrés Jiménez Pablo, quien con insistencia alertó de la falta de agua para la población en general y los pequeños productores agrícolas de Ocozocoautla, en donde más del 70 por ciento del agua que se extrae se encuentra actualmente en poder de grandes empresas agroalimentarias, como Cascada Linda Vista S.P.R. de R.L., y El Maragos S. de P.R. de R.L., que extraen anualmente 988 mil 560 y 378 mil 835 metros cúbicos de agua, respectivamente, cuando hay localidades como La Fe de Jesús de Nazareth, La Pochotilla o Las Campanas que solo cuentan con menos de 200 metros cúbicos de agua al año.

La denuncia sobre el exorbitante uso del agua por conglomerados agroindustriales y su eventual compromiso para los proyectos mineros en curso, se encuentran entre las posibles razones del asesinato de este activista, quien fue ejecutado de al menos 10 impactos de bala que le propinó un solitario asesino que lo encontró al interior de bar “La Mechita” ubicado sobre el libramiento de la carretera Tuxtla Gutiérrez- Ocozocoautla, en donde estaba reunido con otro miembro del Movimiento Campesino Regional Independiente del Ejército Zapatista (MOCRI-EZ).

La letalidad dirigida por los poderes fácticos contra los defensores que se oponen a sus proyectos, no solo se ha asomado en los asesinatos de los dirigentes de organizaciones sociales, en Chiapas esa ofensiva también se ha dirigido contra los comunicadores que llegan a ser voceros de estas organizaciones. El caso más reciente fue el asesinato de Mario Leonel Gómez Sánchez, quien pese a ser periodista mantenía una afinidad ideológica con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y con el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), en cuanto a la defensa del suelo y sus recursos naturales.

Desde su trinchera en el Heraldo de Chiapas y en el portal de MGNoticias, se caracterizó por denunciar con insistencia los intentos tanto del Estado mexicano como de empresas trasnacionales por despojar a las comunidades indígenas del suelo y sus recursos en la zona del municipio de Yajalón, en los Altos de Chiapas, sin saber que finalmente eso le costaría la vida.

Mario Leonel Gómez fue ejecutado por un sujeto que viajaba en la parte posterior de una motocicleta. El asesino no era improvisado. A más de siete metros de distancia el ejecutor solo accionó en tres ocasiones el arma, acertándole los tres disparos –en línea horizontal- en el abdomen y un brazo, los que tenían entre ellos una separación de menos de diez centímetros. El homicida nunca descendió del vehículo, ni siquiera se quitó el casco que portaba y los disparos fueron hechos en movimiento con un ángulo cada vez más abierto en el que cualquiera hubiera fallado.

Esa evidencia, que se observa en un video subido a la plataforma de Youtube sobre el momento exacto del asesinato del periodista, expone la teoría no solo del uso de profesionales en la ejecución de periodistas en México, sino de la posibilidad de que sea un solo asesino el que ha cometido varios de los atentados contra comunicadores que han sido ejecutados solo entre el 2017 y 2018 en nuestro país.

Al periodista Rodolfo García González, del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, quien fue ejecutado el 4 de agosto del 2018, y que había sido crítico como fotorreportero con los efectos contaminantes sobre el agua que genera la planta de Pemex en Salamanca, también lo ejecutaron desde una motocicleta en movimiento, recibió tres impactos de bala en el abdomen y un brazo y –de acuerdo a un testigo- su ejecutor “nunca descendió de la motocicleta y tampoco se quitó el casco”.

La participación del Estado en el asesinato de Mario Leonel Gómez Sánchez, si bien es cierto aún queda en el imaginario, no es así en cuanto a su omisión, pues este periodista se había acogido al Mecanismo Federal de Protección de Periodista desde el 2016, fecha en la que denunció amenazas de muerte que se le habían hecho llegar en forma anónima, por lo que fue protegido con medidas cautelares (se le otorgó un botón de pánico, fue monitoreado en todos sus movimientos y contaba con rondines policiales de vigilancia entorno a su domicilio), mismas medidas que se le retiraron apenas tres meses antes de su ejecución.

Mario Leonel Gómez Sánchez volvió a ser víctima de intimidaciones a partir del 15 de junio del 2018, fecha en la que denunció ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas que había recibido una amenaza de muerte, la que se le hizo llegar a través de su cuenta personal de Facebook, en donde le escribieron “te va a cargar tu puta madre. Voy a ir por ti y te voy a volar la cabeza”; la victima atribuyó la amenaza a una persona que identificó como “El Francotirador”, quien presuntamente sería el chofer del entonces diputado federal Leonardo Guirao Aguilar, representante del distrito de Palenque, en Chiapas, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En la declaratoria que en su momento hizo ante el ministerio publico el hoy periodista asesinado, estableció la posibilidad de que la amenaza vertida en su contra fuera resultado de las denuncias públicas de corrupción hechas contra el diputado Leonardo Guirao Aguilar, quien durante su gestión como legislador estuvo estrechamente ligado al tema del agua al presidir la Comisión de la Industria del Cacao, ser secretario de la Comisión del Café, además de ser integrante del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, y de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

Pero aun así, a pesar de la evidencia de sus denuncias que lo colocaban en alto riesgo, Mario Leonel Gómez Sánchez no fue protegido por el Estado como ocurre con decenas de defensores y periodista que a la fecha están en riesgo a causa de la defensa de los recursos naturales se vive en Chiapas, de los que solamente dos mujeres y 17 hombres defensores de derechos humanos y ambientales estaban siendo protegidos en esa entidad[7], en tanto que solo tres periodistas hombres tenían medidas de seguridad personal.

Referencias

[1] CEMDA, Informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales en México, P.4, 2017

[2] CNDH, Recomendación General No. 17 Sobre los Casos de Agresiones a Periodistas y la Impunidad Prevaleciente, México,  19 de Agosto de 2009

[3] Diario Oficial de la Federación, Actualización de la Disponibilidad Media Anual de Agua en el Acuífero Juxtlahuaca, 2017.

[4] Servicio Geológico Mexicano, Inventario Físico de los Recursos Minerales de la Carta San Pedro Tapanatepec E15-C76, México, 2012

[5] DDHPO, Alerta Temprana Caso Unión Hidalgo, Oaxaca, 13 de junio de 2018.

[6] ONU-DH, Comunicado de Prensa, México, 23 de mayo de 2017.

[7] Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, P.7, 31 de       Agosto del 2018