Va la 4T por más cobros a mineras en beneficio de las comunidades; no más “Suelo Rico, Gente Pobre”

Va la 4T por más cobros a mineras en beneficio de las comunidades; no más “Suelo Rico, Gente Pobre”

13 agosto, 2019 0 Por J. Jesús Lemus

A partir de año entrante todas las regiones del país, en donde haya actividad minera, comenzarán a tener fondos económicos directos no solo para el desarrollo social de la zona, sino para la reparación de la devastación ecológica que genera esa actividad, según se ha comprometido el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto no es fortuito, es el resultado de las reforma a la ley mineras, propuestas por el ejecutivo y aprobada por el pleno de la cámara de diputados, con lo que ahora se pretende obligar a todas las mineras al pago de impuestos, del que habían estado exentas por décadas, para concentrarlos en un fondo de apoyo a las comunidades que han sido despojadas del suelo.

Así, la Cuarta Transformación ahora pretende que todos los municipios con actividad minera, en cualquier punto del país, puedan contar con recursos que permitan el desarrollo local, esto mediante una distribución más equitativa de la riqueza generada por la explotación del subsuelo, en donde ahora se tendrá que considerar los beneficios económicos logrados por las mineras.

En la ley ya existía esa posibilidad, pero solo había sido letra muerta, al evitar la participación de las comunidades en el recuento de las utilidades de las mineras; ahora se pretende que sean las propias comunidades en coordinación con las autoridades locales, quienes determinen no solo la forma de aplicación de los recursos del llamado Fondo Minero, sino los montos de participación de cada minera.

“El objetivo del Fondo Minero es elevar la calidad de vida de los habitantes en las zonas de extracción minera”, refiere la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en su página electrónica, por lo que se entiende que el fondo busca responder a la demanda de los habitantes de las comunidades asentadas en las áreas mineras, las cuales habían sido históricamente excluidas de los beneficios de esta actividad basada en la explotación de recursos naturales no renovables.

El Fondo Minero, que fue creado en el 2013, comenzó a recaudar dinero por la vía de impuestos a las mineras desde el 2014, pero fue hasta el 2016 cuando comenzó a proyectar obras en las regiones mineras. Esta proyección se hacía de manera ambigua sin considerar los trabajos requeridos en cada región, y bajo esa determinación el gobierno federal, a través de las Secretarías de Economía (SE) y de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), destinaban los fondos a invertir.

Ahora serán las propias comunidades en coordinación con los gobiernos locales, quienes decidan la forma y los tipos de obras en que podrán invertir los fondos pagados por todas las mineras, las que mantienen bajo usufructo la explotación de 25 mil 63 minas en más de 228 municipios de 25 estados de todo el país, sobre una extensión de más 22.3 millones de hectáreas, que equivalen a 11.4 por ciento del territorio nacional.

De esa forma ahora el gobierno de la Cuarta Transformación busca una congruencia política a fin de empatar el estatus que mantiene México en su riqueza minera con el grado de desarrollo social en sus localidades donde se genera esa riqueza, pues a la fecha el sector minero se presenta como uno de los más relevantes en el ámbito económico del país.

Según los datos contenidos en el VI informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, “al cierre de 2018 México fue el principal productor de plata a nivel mundial y se ubicó entre los diez principales productores de otros 15 minerales (Fluorita, bismuto, celestita wollastonita, cadmio, molibdeno, plomo, zinc, diatomita, barita, yeso, sal, oro, grafito y cobre)”, pero el grado de pobreza en las regiones de las minas no se ha podido abatir.

Aun cuando los sitios más pobres del país se ubican dentro de las áreas mineras, el gobierno federal ha reconocido, en base a datos de la Cámara Minera de México, que “al cierre de 2017 se registró una inversión en el sector minero metalúrgico de 6 mil 736.4 millones de dólares y para 2018 se estimó en 7 mil 277.6 millones de dólares”, pero esa inversión poco o nada se ha visto reflejada en la forma de vida de los habitantes de las zonas pobres pero ricas en minerales.

Fin al Esquema de “Suelo Rico, Gente Pobre”

De acuerdo a datos del propio Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), casi la totalidad de los municipios en donde se encuentran los principales sitios de explotación minera, que representan grandes utilidades económicas para las trasnacionales, se encuentran ubicados entre los rangos de pobreza moderada y pobreza extrema.

Eso hace que resulte inconsistente que las regiones con mayores recursos naturales, también en ocasiones sean las más abandonadas en materia de desarrollo social, que es el espíritu de las reformas avaladas por la cámara de diputados, con las que ahora, se permitirá que cada localidad decida el renglón al quieren aplicar los recursos que le correspondan del Fondo Minero.

Actualmente el Fondo Minero cuenta con recurso por más de 2.5 mil millones de pesos, de los que al menos un monto de Mil 498.7 millones de pesos ya fueron etiquetados por la SEDATU para aplicarse en 716 proyectos de mejoras a la infraestructura social, donde no han tenido participación de decisión las comunidades locales.

Con la decisión del presidente López Obrador, de darle más participación a las comunidades, se espera que eso cambie; ahora las comunidades de cada zona minera podrán acceder al fondo para decidir cuáles son las obras que más requieren, con lo que muchas localidades tendrán que dejar de pelear directamente el reclamo de regalías a las mineras, lo que ha generado conflictos de convivencia.

Actualmente, de acuerdo al Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMA), en México se presentan 37 conflictos graves entre mineras y pobladores, en donde no solo es la devastación del medio ambiente lo que ha llevado a la confrontación, sino que también se asoma la negativa al pago de regalías por parte de las mineras.

La Disputa por las Regalías

En ese sentido, son pocas las empresas mineras que dispersan parte de sus utilidades económicas con los vecinos de las zonas explotadas. Según Aurelia Téllez, del colectivo En Defensa por la Tierra, una organización de Sonora que colabora con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), “menos del 4 por ciento de las mineras asentadas en el país pagan regalías a los vecinos afectados por su actividad extractiva”.

Solo algunas mineras de Michoacán, Guerrero, Chiapas, Puebla y Veracruz, son las que a la fecha mantienen acuerdos privados con pobladores locales, a los que se les entrega anualmente un ínfimo porcentaje, que a veces representa apenas el 0.002 por ciento de las utilidades logradas por la extracción de metales, principalmente, oro, plata, cobre, hierro, bronce y plomo.

Las regalías que reclaman los afectados locales por la extracción minera casi siempre se argumenta en la necesidad de ejecución de trabajos de desarrollo para la zona, además de acciones de rehabilitación del entorno y de mejoramiento al medio ambiente, las que no son atendidas por ninguna instancia de los tres órganos de gobierno.

Pese a que son pocas las comunidades de pobladores locales que reclaman a las mineras acuerdos privados para el cobro de regalías, los que son al margen de los pagos de impuestos tasados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), algunas mineras han comenzado a optar por el amparo de la justicia federal para no someterse a pagos directos con la comunidad.

Pero lo mejor es que con esta disposición oficial podría terminar, o al menos disminuir, las confrontaciones frecuentes que se presentan en diversas localidades del país ente mineras y comunidades, al permitir dotar a cada micro región con un fondo que permita la inversión en infraestructura local que permita el desarrollo y el mejoramiento ambiental.