Corrupción de Conagua propicia el despojo del agua a favor de empresas; mineras y agroindustriales, las más beneficiadas

Corrupción de Conagua propicia el despojo del agua a favor de empresas; mineras y agroindustriales, las más beneficiadas

9 agosto, 2019 0 Por J. Jesús Lemus

A partir del jueves 15 de agosto ya estará en librerías el libro “El Agua o la Vida” de J. Jesús Lemus, editado bajo el sello de Grijalbo, donde nos ofrece una radiografía completa de la crisis que ya se generaliza en todo el país a causa del despojo. El libro ya se puede bajar en formato e-book a través del link https://www.megustaleer.mx/libros/el-agua-o-la-vida/MMX-010571  Aquí un adelanto del texto:

El despojo del agua avanza, sin que nadie haga algo por detenerlo; en todo el territorio nacional van en aumento los conflictos sociales generados por el arrebato de este recurso a las comunidades, el que es posible –en gran medida- por la omisión del gobierno federal y la corrupción de cientos de empresas. Los conflictos que siguen brotando lo mismo se dan por la presencia del crimen organizado que por problemas de salud de las poblaciones que cada vez se quedan con menos agua.

Un claro ejemplo de estos conflictos, es el que se da en Morelos, donde Integrantes del cartel de los hermanos Beltrán Leyva que operan en la zona limítrofe entre Puebla, Tlaxcala y Morelos, donde se asienta el proyecto del gasoducto Morelos, reconocen trabajar para la CFE con la consigna de “mantener a raya a los manifestantes”.

La relación entre la CFE y los miembros de este clan delictivito se entiende en función de la importancia económica del gasoducto, el cual servirá, vía la termoeléctrica de Yecapixtla, para suministrar energía al sector minero, en plena expansión en Morelos. El proyecto será vital para llevar a cabo la explotación comprometida por el gobierno federal con empresas trasnacionales por medio de los 69 títulos de concesión otorgados hasta 2016. Con ellos se ha arrebatado a la población de más de 130 mil 347 hectáreas de suelo, equivalentes a 26.28 por ciento de la superficie del estado.

Se pretende que el gasoducto Morelos se extienda desde el gasoducto Esperanza-Venta de Carpio, en Tlaxcala, hasta las centrales eléctricas y zonas industriales en Morelos, a fin de abastecer de forma ilimitada el gas que permitirá la operación de dos plantas eléctricas en Yecapixtla. Esta operación involucra 320 mil pies cúbicos de gas, necesarios para el funcionamiento de minas como la de Tetlama, en Temixco.

Hoy en día esta mina es un punto de conflicto entre los pobladores, pues de acuerdo con la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) podría haber “graves daños ambientales, sociales y al patrimonio cultural”. Lo anterior debido a que se pretende establecer una mina a cielo abierto para la extracción de oro, la cual además dispondrá de casi 70 por ciento del agua disponible para la población.

Con esta mina, que operará Esperanza Silver de México, filial de la canadiense Alamos Gold Inc., se corre el riesgo, según la propia ANAA, de “infiltración de lixiviados a los acuíferos y ríos de la región”. De modo que el impacto ambiental sería muy severo, no sólo por la enorme cantidad de agua que necesitan las minas de tajo abierto para la lixiviación del mineral, sino porque al término de sus operaciones las minas abandonadas pueden contaminar el agua y los suelos.

En tal circunstancia, se ha solicitado a las autoridades un compromiso de seguridad ambiental frente a la minera, sobre todo en el cuidado del agua. Sin embargo, no se ha recibido ninguna respuesta formal del gobierno local, tanto del municipio de Temixco como del estado de Morelos. En cambio, algunos de los principales opositores a la mina, integrantes del Movimiento Morelense Contra las Concesiones Mineras de Metales Preciosos, han comenzado a recibir amenazas de muerte.

Más allá del impacto ambiental de la mina, el principal temor de los habitantes de Temixco es padecer la escasez de agua, tal como ocurre en municipio de Caborca, Sonora, donde se ubica la mina El Chanate, operada también por Alamos Gold Inc. a través de la firma Minas de Oro Nacional, la cual utiliza más de 20 por ciento del agua disponible para la población urbana.

Portada del libro “El Agua o la Vida”

La operación de El Chanate, que abarca más de 4 mil 618 hectáreas de suelo, amparada por 22 concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal para la extracción de oro, le quita a la población de Caborca más de un millón 550 mil 369 m3 de agua al año.[1] Este volumen sería suficiente para atender las necesidades de la población que no tiene agua en Caborca durante 10 años, si se consideran 100 litros de agua al día por persona, como lo establece el racionamiento mínimo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.

A la explotación irracional de agua que hace Alamos Gold Inc. en Caborca se suma la de la minera Penmont, subsidiaria de Fresnillo PLC, la cual usa cada año 9 millones 002 mil 500 m3 de agua para las minas de oro La Herradura y Noche Buena.

No solo es el ejemplo de desabasto de agua que ha golpeado a Caborca lo que temen los vecinos de Temixco. En Morelos existe el miedo fundado de que Esperanza Silver atente contra los mantos freáticos, tal como ocurrió en Caborca. En mayo de 2015 la minera Merril Crowe, filial de la trasnacional Penmont, derramó más 70 m3 de agua contaminada con cianuro sobre los escasos mantos acuíferos que suministran a la población de esa región de Sonora.

Pese a la afectación, Merril Crowe no fue sancionada por las autoridades federales encargadas del cuidado ambiental. Bastó la declaración de los técnicos de la empresa que indicaron que la filtración no había llegado al acuífero que alimenta a una parte de la zona urbana, para que se decretara que no existía riesgo para la población, permitiendo la operación de la mina sin mayores restricciones.

Sin embargo, en su informe de 2016 la Secretaría de Salud del estado de Sonora reconoció que los padecimientos relacionados con la mala calidad del agua eran la principal causa de morbilidad entre la población de Caborca, destacando las infecciones intestinales y urinarias, así como úlceras, gastritis, gingivitis y conjuntivitis.

El gobierno de Sonora lo admite, pero no lo dice de manera clara: la actividad de las mineras y su efecto colateral es lo que ocasiona que las enfermedades relacionadas con la falta de agua o el uso de agua contaminada sean la segunda causa de mortalidad, solo superadas por las infecciones respiratorias agudas.

En Altar, otro municipio de Sonora, la minera Santa Rita, subsidiaria de la canadiense Aurico Gold Inc., es la que ha propiciado que la morbilidad siga en aumento. La contaminación al agua en la zona de Altar es constante. Las filtraciones de cianuro a los mantos freáticos se han visto ya como normales, obligando a la población a un cada vez más escaso abasto de líquido a costa de la salud colectiva. En esas condiciones, se han incrementado las enfermedades diarreicas, urinarias y gástricas desde mayo de 2016, cuando la minera Santa Rita derramó más de 400 m3 de agua contaminada con cianuro.

Minas de muerte

Los vecinos de Temixco tienen miedo. La operación de la mina de oro a cielo abierto que pretende poner en marcha Esperanza Silver perfila un paisaje apocalíptico. La ANAA considera que “los desmontes y despalmes y, posteriormente, las actividades de cortes, rellenos y conformación de apilamientos de mineral y tepetate”, tendrían un impacto directo en la vida silvestre, sobre todo en aquellas especies endémicas que se encuentran en peligro de extinción.[2]

Pero lo más grave son las altas probabilidades que el cianuro tiene de contaminar el agua. El proyecto minero se ubica en las inmediaciones del río Sabinos, uno de los afluentes principales que nutren la cuenca del río Cuautla, en la zona de conservación ecológica decretada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno de Morelos.

Con todo, el plan de Esperanza Silver es iniciar su proyecto de excavación a finales de 2019, sin atender los reclamos de organizaciones como la ANAA, cuyo diagnóstico se basa en dictámenes de especialistas y en otras experiencias mineras en el país:

El cianuro que usaría la mina es extremadamente tóxico. Los derrames de cianuro exterminan la vegetación al interrumpir la fotosíntesis y las capacidades reproductivas de las plantas. En cuanto a los animales, el cianuro puede ser absorbido a través de su piel, así como ingerido o aspirado. Concentraciones en el aire de 200 partes por millón (ppm) de cianuro son letales para los animales, mientras que concentraciones tan bajas como 0.1 miligramos por litro son letales para especies acuáticas sensibles.

En cuanto a la afectación a las personas, el cianuro se considera letal cuando se ingiere en agua de uno a tres miligramos por cada kilo de peso corporal. Cuando se asimila a través de la piel, de 100 a 300 miligramos por cada kilo de masa pueden causar la muerte, pero si se aspira, entre 100 y 300 partes por millón son suficientes. “Esto significa que una porción de cianuro más pequeña que un grano de arroz sería suficiente para matar a un adulto”, alerta la ANAA.

El cianuro, indispensable en el procesamiento químico del oro, es la principal causa del envenenamiento del agua. Los territorios que ocupan las 704 minas que extraen este metal se consideran prácticamente un área de devastación de los mantos acuíferos.[3] La población no recibe ningún beneficio por la generación de esa riqueza y termina pagando con consecuencias a la salud.

La sobreexplotación de los mantos freáticos agota las reservas disponibles de agua. Esto lleva a las comunidades a optar por la perforación profunda de pozos, incrementando las posibilidades de que el agua contenga arsénico. No obstante, hasta la fecha la Conagua no ha sido capaz de delimitar los niveles de profundidad de extracción en donde el agua corre el riesgo de contaminarse con arsénico. La clasificación de “pozos profundos” y “semiprofundos” que alerten sobre la contaminación natural del agua por arsénico es relativa en todo el país.

Así, mientras en Chihuahua, Durango o Sinaloa se considera que un pozo es profundo cuando el agua se encuentra a más de 170 metros, en Oaxaca, Michoacán o Chiapas, esa calificación se le otorga a los pozos cuyo espejo de agua se ubica a solo 100 metros de profundidad. Esta disparidad en las medidas de extracción hace imposible un reglamento en la perforación de pozos para evitar que la población consuma agua contaminada.

“La exposición crónica que resulta de beber agua con altos niveles de arsénico durante un largo periodo de tiempo (cinco a 20 años), es conocida como arsenicosis”, refiere Pablo Ubaldo Caballero, maestro en ciencia especializado en la protección del agua en ecosistemas.

“Las consecuencias en la salud incluyen cambios en la pigmentación de la piel, enfermedades vasculares como problemas de los vasos sanguíneos en los pies y las piernas, gangrena de las piernas (blackfoot disease), cáncer de la piel, del hígado, riñón y pulmones. Otros síntomas posibles son diabetes, alta presión sanguínea y problemas reproductivos”.[4]

La tesis de Caballero sobre los riesgos por ingesta de arsénico en el agua surge de un muestreo de pozos noria y semiprofundos, así como de diferentes cultivos, como tomate, lechuga, frijol y maíz, pertenecientes al paraje Flor de Guayabal, en el municipio de Tlacolula, Oaxaca, entre julio de 2006 y abril de 2007.

Al menos en los comestibles no se encontraron evidencias sobre la presencia de este metaloide. Sin embargo, en los pozos se encontró en una proporción de 0.1 miligramos por litro, un nivel que supera los valores establecidos en la Norma Oficial Mexicana 127-SSA1-1994 de Salud Ambiental y Agua para Uso y Consumo Humano. El límite máximo permisible es de 0.05 miligramos de arsénico por litro.

Un pueblo de mutilados

En la localidad de Horizonte, en el municipio de Tlahualilo, Durango, la perforación de pozos profundos a causa del desabasto por el uso industrial del agua ha ocasionado trastornos de salud irreversibles en una población de apenas 17 mil habitantes. De acuerdo con el doctor Uriel Galván, el consumo de agua con arsénico ha hecho que se disparen los casos de cáncer, lesiones cutáneas, padecimientos cardiovasculares y neurológicos.

Entre 2014 y 2017, 120 personas, principalmente de la tercera edad, sufrieron la amputación de una o dos de sus extremidades inferiores. Juan Jáquez Muñoz, de 82 años, con una pierna amputada y problemas de orientación, vive postrado en su cama y a veces sujeto a una silla de ruedas. Nunca supo que sus trastornos de salud podrían relacionarse con el consumo de líquido contaminado, pero reconoce que el agua en Horizonte “dejó de estar buena desde hace años; luego de una escasez de más de seis meses, el agua que volvió a llegar a las casas sabía a salado”. Muy pronto su pierna comenzó a ponerse morada y tuvieron que cercenarla.

Otros entrevistados refieren “complicaciones de la diabetes”, “gangrena”, “dolor en los dedos de los pies” o “problemas de circulación” como causas de la amputación. Ese fue el diagnóstico clínico que les dieron al momento de determinar el corte de sus extremidades.

Ninguno de los adultos de la tercera edad observan alguna relación entre su condición de salud y la instalación en Tlahualilo de la planta agroindustrial SuKarne, propiedad de Jesús Vizcarra Calderón. Esta empresa obtuvo la concesión de la mayor parte del uso del agua de esa zona para el sostenimiento de más de 300 mil vacas, de las que al menos 244 mil se venden cada año como productos cárnicos en el mercado nacional, en Estados Unidos, Japón y Centroamérica.

SuKarne se ostenta como la planta de producción de carne más grande de América Latina, con ventas anuales de más de 2 mil millones de pesos, según reconoce la empresa en su página oficial. Lo que no dice es que esa rentabilidad se ha conseguido despojando del agua a los habitantes del municipio de Tlahualilo, una región semidesértica donde la escasez es permanente.

La empresa de Vizcarra, quien fuera alcalde de Culiacán, se beneficia con seis concesiones de agua, cinco a nombre de la Ganadería Integral Monarca y otra más a título de la Ganadería Integral SK, mediante las cuales el gobierno federal le ha otorgado el derecho de usar un millón 610 mil m3 de agua al año.

En los últimos 10 años, el gobierno municipal de Tlahualilo ha logrado arrancar a la Conagua apenas 82 permisos de uso de agua para atender la demanda de la población. Los volúmenes concesionados amparan solo 312 mil 852 m3 de agua para abastecer a más de 22 mil 600 personas. En otras palabras, en un año SuKarne utiliza para abastecer a sus vacas casi cinco veces la cantidad de agua que se destina a la población.

Los beneficios del uso de agua para SuKarne se entienden a la luz de las buenas relaciones que Vizcarra ha tenido con las administraciones federales en los últimos 20 años. En 2002 formó parte de la Comisión Nacional de Financiamiento del PRI, mismo partido que en 2003 lo postuló como diputado federal y le encomendó la presidencia de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.

La empresa de Vizcarra logró instalarse en Tlahualilo luego de ser expulsada del municipio de General Escobedo, Nuevo León, donde los vecinos de las colonias Villas de San Francisco y San Miguel Residencial la identificaron como un foco de infecciones respiratorias y del tracto intestinal.

El dueño de SuKarne aceptó sin objeción la reubicación de la planta no tanto por los reclamos de un grupo de inconformes, sino porque ya se había agotado el agua a la que el gobierno del presidente Felipe Calderón le había dado acceso irrestricto mediante dos concesiones de explotación de seis pozos de agua, que en suma garantizaban el consumo de más 908 mil m3 de agua al año.

La nueva planta de producción cárnica se inauguró el 30 de marzo de 2016 en un acto donde participó el presidente Peña Nieto y Jorge Herrera Caldera, el gobernador de Durango. Como en todos los casos en donde el agua es entregada a borbotones, SuKarne anunció el quimérico sueño de un desarrollo económico para la región, haciendo alarde de una inversión de 12 mil 500 millones de pesos y la oferta de generar 200 mil empleos para los habitantes de la zona, pero parece que el progreso aún no ha llegado.

Contaminación y afectación a la salud

Los pobladores de Tlahualilo observan con desaliento cómo se va extinguiendo el agua. En la localidad de Lucero, donde se ubica SuKarne, los habitantes cuentan con una concesión que ampara a la comunidad para abastecerse con mil 500 m3 de agua al año, pero la empresa tiene autorización para extraer solo en uno de sus pozos hasta 400 mil m3 al año. No es exagerado decir que los pobladores de Lucero se mueren de sed. El abasto es tan escaso que incluso se han registrado tomas clandestinas en las que los habitantes sustraen por las noches el líquido concesionado a SuKarne.

Al mismo tiempo, la población ha acusado graves problemas a la salud. La contaminación ocasionada por el pastoreo de miles de reses en los establos que se extienden a lo largo de 474 hectáreas ha disparado afecciones respiratorias, oculares y de la piel. También ha habido decesos por rickettsias, un género de bacterias que se encuentra en las reses. Estos microrganismos han comenzado a infiltrar la localidad de Lucero, cuyas condiciones de higiene son precarias a causa de la falta de agua.

A finales de 2017, una familia de tres personas de 47, 31 y seis años de edad murió por rickettsiosis, al ser víctimas de garrapatas que se trasladaron más de siete kilómetros, desde el llamado Parque Integradora SuKarne Lucero hasta la zona poblacional. La casa tuvo que incendiarse para terminar con la plaga.

Del mismo modo, en la población de entre 35 y 45 años se han incrementado los padecimientos ligados al uso de agua contaminada con arsénico, principalmente los relativos al hígado y riñón, según reconocen fuentes de salud municipales en Tlahualilo.

Hasta antes de que llegara SuKarne, el agua para el abasto poblacional se encontraba a profundidades que oscilaban entre los 60 y los 120 metros, pero tras el agotamiento del recurso a partir de 2016, la perforación de los nuevos pozos se ha tenido que hacer a profundidades mayores a los 200 metros, donde el agua se encuentra contaminada naturalmente por arsénico, además de flúor, cuya ingestión crónica puede causar trastornos de salud dental en niños y adolescentes.

Los problemas de Lucero y Horizonte se replican en otras 50 comunidades rurales de Tlahualilo, donde la Conagua no ha puesto límites a la industria agroalimentaria en el uso del agua. Al menos así lo revelan las 12 concesiones otorgadas al Grupo Agroindustrial Lucero, que cuenta con el derecho de extracción de agua por volúmenes de hasta 5 millones 309 mil 775 m3 al año.

Este grupo agroindustrial es líder nacional en la producción de leche y engorda de bovinos con la marca Rancho Lucero. En su página oficial presume tener el establo más grande de Latinoamérica, con la más alta tecnología en enormes salas donde se pueden ordeñar 99 vacas a la vez, además de contar con la capacidad técnica para engordar hasta 136 mil animales. Lo que no dice el Grupo Agroindustrial Lucero es que el agua utilizada para la engorda de sus reses y la producción de leche es 3 mil 539 veces más la cantidad de agua de la que dispone la población de Lucero.

Desde luego, el consumo desmedido de agua que se registra en el estado de Durango no solo es producto de las operaciones de SuKarne, a ello contribuyen por lo menos medio centenar de empresas que se han asentado ahí, principalmente en la zona de La Laguna, una de las regiones más pobres de la entidad, pero con un potencial de agua subterránea considerable, la cual no se explota por parte de los gobiernos locales debido a los costos que representa.

Corrupción, la base de la industria

En otro municipio de Durango, Gómez Palacio, donde la escasez de agua es producto de la falta de interés del gobierno local, la mayoría de los mantos freáticos están siendo explotados a razón de un promedio anual de 30 millones de m3 de agua, los cuales serían suficientes para suministrar las necesidades domésticas de una población de 100 mil personas durante tres años.

¿Por qué hay un uso tan inequitativo del agua en la zona de La Laguna? En la búsqueda de la respuesta surge el tema de la corrupción. De otra manera no se entiende la razón por la cual la Conagua ha privilegiado las necesidades de agua de la industria sobre las carencias de la población.

Al no contar con una legislación, no existe claridad en la forma en que se otorgan los permisos de concesión de uso del agua. Tampoco se entiende por qué se niega la perforación de pozos a los órganos de gobierno municipal encargados del suministro a la población, y por qué la decisión recae siempre en uno o dos funcionarios cuyas motivaciones nadie conoce.

En Gómez Palacio se han tramitado ante la CNA peticiones de perforación de pozos para el abasto de agua a la población desde hace más de una década. Nunca ha habido una respuesta afirmativa. Sin embargo, existen casos en los que en menos de tres meses se han resuelto solicitudes de perforaciones de pozos de agua para abastecer a la industria.

Uno de esos casos es el de Agropecuaria Campillo, empresa que ha logrado cinco concesiones que garantizan 900 mil m3 de agua al año para sus actividades agrícolas. Otras de las empresas beneficiadas con las oscuras políticas de entrega de concesiones de agua en Durango son Agropecuaria Estratto, Agropecuaria Hermanos Gilio y Agropecuaria Lula, las cuales en suma, con cinco concesiones, extraen 2 millones 569 mil 544 m3 de agua al año.

Otra de las grandes consumidoras de agua en La Laguna es Bachoco, la cual desde 2003 comenzó a adjudicarse mantos freáticos que estaban siendo inicialmente explorados por el gobierno municipal para atender la escasez de agua en la localidad. Mientras la Conagua había negado de forma sistemática la perforación de pozos al sistema municipal, de manera extraña la dependencia federal no tuvo empacho en entregar 12 permisos de explotación a la empresa industrializadora de huevo.

Entre 2003 y 2006 el sistema local de agua potable de Gómez Palacio presentó solicitudes a la Conagua para extraer de tres pozos 8 mil m3 de agua al año, pero las rechazaron con el argumento de que los mantos no tenían ese volumen de extracción. Sin embargo, la Conagua otorgó a Bachoco 12 permisos de perforación para extraer 589 561 m3 de agua en los mismos sitios donde había argumentado al gobierno local los escasos niveles de los mantos freáticos.

El otorgamiento desmedido de los recursos hídricos a Bachoco hizo que la productividad de la firma creciera de forma considerable a escala local e internacional. Entre otras empresas, por ejemplo, adquirió Perla Pet Food, dedicada a la elaboración de alimentos para perros y gatos bajo las marcas Can Pro, Choice Nutrition y Cat Catrina, así como Ibertville Quality Foods.

 

[1] CartoCrítica, informe Concesiones de Agua para la Mineras, México 2016

[2] Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, Carta abierta sobre Proyecto Minero “Mina Esperanza Tetlama, Morelos”, 18 de junio de 2018.

[3] Coordinación General de Minería. Proyectos Mineros Operados por Compañías de Capital Extranjero, 2018.

[4] Pablo Ubaldo Caballero Gutiérrez, Diagnóstico de la Contaminación de Arsénico en Pozos Semiprofundos en el Valle de Tlacolula de Matamoros, México, Oaxaca, 2010.