En evidencia el inútil Mecanismo de Protección de Periodistas; Rogelio Barragán había pedido ayuda, pero en la SEGOB ni siquiera le devolvieron la llamada

En evidencia el inútil Mecanismo de Protección de Periodistas; Rogelio Barragán había pedido ayuda, pero en la SEGOB ni siquiera le devolvieron la llamada

31 julio, 2019 0 Por J. Jesús Lemus

Dos días antes de ser asesinado, el periodista Rogelio Barragán Perez solicitó ayuda al Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno federal. Le dijo que estaba siendo amenazado de muerte. Que necesitaba salir de Chilpancingo. Que si continuaba en la zona su vida corría peligro.

En el Mecanismo no tomaron en serio las amenazas que dijo tener Rogelio Barragán. Lo envolvieron en trámites burocráticos. Le pidieron que hiciera una solicitud de ayuda. Que narrara una exposición de los hechos y que luego se comunicarían con él, para decirle si su solicitud de ayuda era aceptada. La ayuda nunca llegó. Los funcionarios de esa dependencia ni siquiera le devolvieron la llamada.

Por eso Rogelio Barragán, se decidió a no esperar más la respuesta de la Secretaría de Gobernación. Buscó con sus propios medios ponerse a salvo. Decidió salir de Chilpancingo para dirigirse a la Ciudad de México en donde un familiar le había garantizado refugio, mientras llegaba la contestación del gobierno federal para protegerlo.

De acuerdo a la versión de uno de los colaboradores de Rogelio Barragán Perez, el periodista tomó la decisión de salir de Chilpancingo el lunes por la mañana. De manera discreta informó a familiares y a sus compañeros del portal Guerrero al Instante que se trasladaría a la Ciudad de México. Tenía contemplado llegar a la capital del país el lunes por la tarde, pero nunca llegó porque sus agresores lo interceptaron.

Desde la tarde del lunes Rogelio Barragán perdió contacto con sus familiares y colaboradores que sabían de su traslado a la Ciudad de México. Por eso al mediodía del martes lo declararon desaparecido, sin saber que para entonces ya estaba en poder de sus asesinados, que lo asesinaron y lo encajuelaron dentro del vehículo en donde fue encontrado.   

En el Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos  y Periodistas, apenas se supo de la muerte del comunicador guerrerense, la tarde de ayer martes, se dio a conocer que Rogelio Barragán no contaba con medidas cautelares de protección. A pregunta expresa de Zenzontle400 no se reconoció que el director de Guerrero al Instante hubiera solicitado ayuda para resguardar su vida, ni siquiera que hubiera manifestado algún tipo de amenazas.

Omisión y Burocracia, el Signo del Mecanismo

Así trabaja el Mecanismo encargado de proteger a los periodistas en riesgo: solo simulación y burocratismo. Este no es el primer caso de un periodista en riesgo que termina asesinado por la lenta respuesta del gobierno federal. Solo en lo que va de este año, en los 10 asesinatos que ya se contabilizan, por lo menos en otros tres casos las victimas solicitaron apoyo del Mecanismo para preservar sus vidas, pero la ayuda nunca llegó.

Hay que recordar que Reynaldo López, quien fue asesinado en Hermosillo, Sonora, el pasado 16 de febrero, apenas una semana antes de ser ejecutado había solicitado ayuda al Mecanismo de Protección de la Secretaria de Gobernación. En la dependencia le dijeron que si lo ayudarían, pero que primero se evaluaría su situación de riesgo, dándole cita para el mes de marzo, fecha a la que ya no pudo llegar.

Lo mismo sucedió con Telésforo Santiago Enríquez, ejecutado en Oaxaca, el 2 de mayo. Este comunicador solicitó medidas de protección al Mecanismo Federal luego de haber recibido una serie de amenazas de muerte vía telefónica, pero en la dependencia de la SEGOB no hubo una reacción rápida; se le citó para el 16 de junio para ser evaluado en sus condiciones de riesgo, cita a la que evidentemente ya no llegó.

Otro caso de lentitud oficial que terminó en un desenlace fatal es de Norma Sarabia, que desde meses antes de su asesinato, ocurrido en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, el 11 de junio, había solicitado medidas cautelares del gobierno federal, debido a las agresiones y amenazas que había recibido de sus agresores. El Mecanismo no se tomó en serio el caso de Sarabia y solo la remitió al gobierno estatal para que desde allí se le brindaran las medidas de seguridad que nunca se le hicieron efectivas.

El Inútil Botón de Pánico

Bajo el argumento de los recortes presupuestales -que se han dictado como parte de la política de austeridad de la administración del presidente López-, el Mecanismo Federal ha limitado considerablemente su acción de rescate de aquellos periodistas que ejercen en riesgo de muerte. Solo se les dota del llamado Botón de Pánico, que no es otra cosa que un teléfono celular que solo sirve para ubicar la posición de la víctima.

De los diez periodistas que han sido asesinados en lo que va de este año, por lo menos tres de ellos contaban con el llamado Botón de Pánico, que de nada les sirvió para salvar sus vidas, solo más bien para ubicar el cuerpo ejecutado, pues aun cuando existe un programa de respuesta rápida ante una agresión, la empresa encargada de atender las llamadas de urgencia tarda entre siete y 15 minutos en atender la emergencia.

El caso más claro de lo anterior es el de Rafael Murúa Manríquez, quien fue asesinado en Santa Rosalía, Baja California Sur, el 20 de enero de este año. El periodista activó el Botón de Pánico apenas fue secuestrado, pero no hubo una reacción rápida del Mecanismo de Protección, sirviendo solo ese dispositivo para ubicar el cuerpo sin vida cuando ya habían pasado más de 24 horas de la llamada de emergencia.

También Jesus Ramos Rodríguez, ejecutado el 9 de febrero pasado en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, contaba con un Botón de Pánico luego de haber manifestado una serie de amenazas de muerte, pero de nada le sirvió frente a su agresor que lo encontró desayunando en el restaurante de un hotel de esa localidad. El Mecanismo de Protección se negó en forma reiterada a sacar al periodista de su localidad.

Lo mismo sucedió con Francisco Romero Díaz, quien fue ejecutado en el municipio de Playa del Carmen, Quintana Roo el pasado 16 de mayo. Este periodista había solicitado su extracción del municipio por una serie de amenazas de muerte vertidas en su contra, pero el Mecanismo Federal de Protección solo atinó a dotarle de un Botón de Pánico, el que ni siquiera fue activado al momento de la ejecución.

Las Cifras de la Realidad

En el contexto de la violencia que aqueja a los periodistas, dos cosas son innegables: la incapacidad del Mecanismo Federal de Protección para garantizar la seguridad de los comunicadores que ejercen bajo amenazas de muerte, y el elevado número de periodistas que –ante los elevados índices de violencia- ingenuamente aún creen que el gobierno federal les puede garantizar su seguridad.

Las cifras oficiales del propio Mecanismo Federal de Protección, expuestas en el informe del mes de marzo pasado, revelan la elevada cifra de los comunicadores que han tenido que recurrir como única alternativa a la búsqueda de protección oficial: hasta el mes de marzo pasado eran ya 492 los periodistas que pidieron seguridad para seguir ejerciendo. Esa seguridad, en la mayoría de los casos, fue resuelta mediante la entrega del mentado Botón de Pánico.

De los 492 periodistas que están en riesgo de muerte, 353 son hombres y 139 son mujeres, de los que dos mujeres y 18 hombres se incorporaron apenas en lo que va de este año; las entidades que más periodistas tienen bajo protección del Mecanismo Federal de la SEGOB, son la Ciudad de México y Tamaulipas, con 45 comunicadores cada una; Guerrero con 40, Quintana Roo con 22, Veracruz con 21, Oaxaca con 14, Baja California sur con 12, en Coahuila son 11, Michoacán y San Luis Potosí con 10 cada uno.

En el Estado de México son nueve los periodistas que están bajo la endeble protección del gobierno federal, en Chihuahua y Sinaloa son ocho por cada estado, en Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla, Sonora y Tabasco son seis periodistas por cada entidad; en Campeche, Guanajuato y Yucatán son cinco respectivamente; en Aguascalientes son cuatro, en Querétaro dos, y en Nayarit, Nuevo León y Tlaxcala uno por cada estado. Los únicos estados en donde no se registran periodistas acogidos bajo las medidas de seguridad que ofrece del Mecanismo Federal, son Colima, Hidalgo, Durango, Jalisco y Zacatecas.